Ley de Swift Las leyes son como las telarañas: las moscas pequeñas se quedan pegadas, pero las avispas las rompen. Freno a las prejubilaciones El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, en su primera comparecencia ante la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, manifestó el propósito del gobierno de obstaculizar las prejubilaciones en las grandes empresas con beneficios. «Para ello, Trabajo someterá a los agentes sociales y a los grupos parlamentarios diferentes modelos de “disuasión fiscal” que contribuyan a evitar que dichas compañías repercutan en la Seguridad Social parte de sus costes salariales mediante las jubilaciones anticipadas. »El portavoz del PP en la citada comisión, José Ignacio Echániz, está de acuerdo en impedir estas prácticas “aunque habrá que diferenciarlas muy bien de las situaciones de empresas en crisis”. »De la misma opinión participa el portavoz de CiU, Carles Campuzano, quien propone ampliar la vida laboral de los trabajadores mediante la reducción de las cotizaciones, sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas empresas. »En la actualidad, el 62,4% de las jubilaciones afectan a trabajadores de menos de 65 años, porcentaje que en el año 2001 era del 56%. Granado mantuvo que las medidas adoptadas hasta ahora para incentivar la jubilación después de la edad ordinaria sólo han conseguido un aumento del porcentaje de jubilados mayores de 65 años del 5,5% al 6,4%. Sólo el 38,9% de las personas con edades comprendidas entre 54 y 65 años realiza en estos momentos alguna actividad. »Una posible vía para alargar la edad de retiro sería aumentar los incentivos del 2% anual que acumulan en su pensión aquellos trabajadores que deciden permanecer en activo más allá de los 65 años de edad, señaló Granado. »El Gobierno trabaja también en el objetivo de alcanzar un nuevo consenso parlamentario para lograr una mayor proporcionalidad entre las pensiones y el esfuerzo de cotización realizado. Habrá ayudas para que determinados colectivos de trabajadores mejoren de forma voluntaria los periodos de cotización y las bases por las que cotizan. »El secretario de Estado calificó de insuficientes las pensiones mínimas y recordó que desde la aprobación del Pacto de Toledo la Seguridad Social ha asumido obligaciones no contributivas por más de 30.000 millones de euros. (Cinco días, 29-06-2004.) Todo ello «suena a ya oído en la anterior legislatura». Se trata de evitar «una práctica que conocidos y rentables grupos han aplicado, entre otras cosas, para rejuvenecer su plantilla a bajo coste. La propuesta de Granado está llena de sentido común. Y de inmediato ha sido respaldada por los portavoces del PP y de CiU. Conviene que el Gobierno no caiga en el error de sus predecesores, que criticaron con dureza la costumbre, y no pasaron de ahí.» (Editorial de Cinco días, 29-06-2004.) ¿Solchaga en Telefónica? Prosiguen los rumores en el “todo Madrid” acerca del futuro de los magnates afectados por el cambio de gobierno. Por ejemplo, Carlos Solchaga y su incorporación al consejo de Telefónica, «compañía con quien le une un contrato de asesoramiento para asuntos latinoamericanos conseguido tras la llegada de Alierta a Telefónica». «El ex ministro socialista tiene tantos méritos para entrar en este consejo como en el SCH o en FCC. Pero no. Resulta que la pieza elegida es Telefónica, una multinacional en la que, como bien es sabido, lo de menos es la retribución (unos 25 millones de las antiguas pesetas al año) y lo que importa es la enorme capacidad de influencia para hacer grandes e importantes negocios... y favores. La palabra de un consejero en el “sancta sanctorum” de Gran Vía vale tanto como la del mismísimo presidente, sobre todo si se trata de los falsamente llamados independientes que han sido designados por el Gobierno. »Porque ésta es la gran mentira de las denominadas prácticas del “buen gobierno corporativo”. Los consejeros independientes, ya se ha visto, no son más que “estómagos agradecidos” del Gobierno de turno o del presidente que les nombra. »Decía recientemente Carlos Solchaga que “de aceptar algo sólo sería la Presidencia de Telefónica” y no iba mal encaminado. ¿Se imaginan cómo podrá desenvolverse en la gestión de una gran empresa un presidente amigo del PP sintiendo en el cogote el aliento de un hombre como Solchaga? Así que el “pastel” se lo van a seguir repartiendo igual que siempre. A los amigos del PP los irán sustituyendo “sin prisa pero sin pausa” los amigos del PSOE que ya han aparecido como hongos en las grandes empresas, convirtiéndose de la noche a la mañana en auténticos lobbies por los que hay que pasar si se quiere hacer negocio.» (Jesús Cacho, ElConfidencial.com, 28/06/2004.) Hipotecados al límite Otro comentario sobre la burbuja de la vivienda, y su probable estallido: «pedimos créditos cada vez más elevados para pagar pisos de precios cada vez más altos.» «La burbuja de la vivienda está a punto de estallar. (…) Sólo en el último mes hay una veintena de documentos de organismos, instituciones, brokers, servicios de estudio y consultores en este sentido. Desde la caída de precios que provocará un parón económico en España, tal y como vaticina Bestinver, pasando por un frenazo en la inversión en vivienda que prevé Pricewaterhouse, sin olvidar la burbuja inmobiliaria como un riesgo global mayor que el del precio del petróleo del siempre ácido The Economist. »Así lo han alertado el Banco de Pagos Internacional y esa OCDE que habló de aquella mal traducida “caída fuerte o brutal de los precios”. El propio Banco de Inglaterra ha advertido sobre el impacto negativo en los hogares de una subida de los tipos de interés y otra vez el mismísimo Caruana ha subrayado que un dinero más caro puede perjudicar a las familias con intereses inmobiliarios. (…) »El miedo es libre y se dice que cuando la palabra “burbuja” o “recesión” empieza a estar en los titulares de todos los periódicos es que hemos entrado de lleno en ellas. »Autoridades de medio mundo y organismos españoles pretenden poner la venda sobre la herida para que, en caso de que estalle, no provoque pánico. Es complicado que en un mercado menos líquido que la bolsa se produzca una venta masiva, a no ser que los tipos de interés suban de modo extemporáneo, cosa que no parece probable en Europa, o el problema del paro se agudice y el consumo se paralice. »No se espera, sin embargo, una subida explosiva de intereses ni en Estados Unidos ni mucho menos en Europa. España, además, se salva de un precio del dinero más caro por su presencia en la Zona Euro porque, con una inflación del 3,5% anual, los tipos de interés deberían estar, al menos, en el 4,5%, como en Inglaterra. »Aparte, la economía española depende en gran medida de la construcción, que ladrillo a ladrillo cimienta el 10% del PIB y aporta varios puntos al empleo, según un estudio de Caixa Catalunya. Una dependencia y un desequilibrio peligrosos, difíciles de enderezar sin descalabro para el sector. »La burbuja va a explotar como el cuento del lobo. Estamos muy lejos de la venta masiva de pisos, de un paro desenfrenado y de una morosidad achicharrante para los balances de los bancos. Además, los tipos de interés suben... pero poquito. La pompa de la vivienda va a estallar aunque, por ahora, es sólo boato.» (Jesús García, ElConfidencial.com, 30/06/2004.) El caso Alierta sigue El juez ha impuesto a César Alierta, conjuntamente con su mujer y su sobrino, una fianza de cerca de 5 millones de euros “en concepto de responsabilidad pecuniaria, derivada de la posible comisión de un delito de abuso de información privilegiada cuando presidía Tabacalera”, y lo peor es que la primera cadena de TVE se hizo eco del asunto, en el telediario de las 3 de la tarde. «…Porque la noticia en el noticiero de una televisión tan atrozmente sectaria como la española (antes con el PP, ahora con un PSOE que hasta ayer mismo decía que iba a transformar, a cambiar, a mutar milagrosamente la cosa por aquello del talante) tiene mala pinta para un Alierta cuya estabilidad al frente de Telefónica pende de un hilo que el nuevo Gobierno puede cortar en el momento oportuno. »Es lo que pasa con las televisiones de partido: que hay que estar muy atento a lo que dicen sus noticieros, porque los textos que leen los bustos parlantes suelen dar pistas inequívocas sobre movimientos futuros, caídas en desgracia, cambios en la nomenclatura, y demás facturas internas propias de los sistemas totalitarios (¿se acuerdan ustedes de la extinta Unión Soviética?). »El español no es un sistema totalitario, muy cierto, aunque, en lo que a la televisión pública se refiere, como si lo fuera. El caso es que César Alierta ha recibido un toque de atención, vía Caffarel, desde las alturas del nuevo poder, y el corolario que cabe extraer de ello es que su posición al frente de la operadora es hoy más débil que ayer. Lo demás está en los periódicos. ¿Y qué decir de la denuncia del juez realizada por Alierta ante el CGPJ? Pues una barbaridad propia de esa preclara mente jurídica que es Alonso Ureba, aparentemente decidido a llevarse a su jefe por delante. (Jesús Cacho, ElConfidencial.com, 02/07/2004.) Recordemos que se trata de «un presunto delito de abuso de información privilegiada durante la etapa en la que Alierta presidió Tabacalera y en el que están imputados el actual presidente de Telefónica, su esposa y un sobrino, Luis Javier Placer.» Por otra parte, Santiago Torres, el juez que lleva el caso, desde el Juzgado de Instrucción nª 32 de Madrid, está en el punto de mira. Sobre todo este curioso lío, El País publicó este editorial: «Un juez de instrucción de Madrid ha impuesto una fianza de casi cinco millones de euros al presidente de Telefónica, César Alierta, su esposa y su sobrino, para cubrir las responsabilidades que pudieran derivarse de un caso de supuesta información privilegiada en la venta de unas acciones. Ya dijo en su día la Comisión Nacional del Mercado de Valores que no había caso, pero una querella posterior de una asociación de usuarios consiguió reabrirlo, por lo que la justicia debe determinar si hubo algo irregular en la venta de un paquete de acciones de Tabacalera, de la que Alierta fue presidente. »Sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión, hay muchas cosas sorprendentes en esta historia. En primer lugar, la cuantía de la fianza, equivalente a la multa que podría caerles a los encausados en caso de condena, lo que según la defensa se puede considerar como una forma de imponer una condena anticipada. En segundo lugar, el enorme interés del juez Santiago Torres por llevar el caso, hasta el punto de que pidió el traslado desde un juzgado que trata de lo civil a otro que trata casos penales donde sabía que le esperaba el caso Alierta; y de que luego se ha aferrado a él ante las pretensiones de competencia de otro juzgado de instrucción y de la Audiencia Nacional, en una disputa que deberá resolver el Tribunal Supremo. En tercer lugar, la celeridad, fuera de norma, con que está actuando el juez Torres, interrogando a testigos y estableciendo fianzas, incumpliendo los procedimientos, en el momento en que debiera estar paralizada toda actuación por causa de las demandas de competencia de otros juzgados. »Para quienes hayan conocido casos como el del juez Gómez de Liaño contra Sogecable es difícil ahuyentar ahora el fantasma de la persecución judicial y del ajuste de cuentas de un antiguo y despechado asociado de Telefónica. De ahí que sea lógica la presentación de una denuncia de la defensa ante el Consejo General del Poder Judicial contra el juez Torres. En el caso Sogecable, el juez acabó expulsado de la carrera judicial por prevaricación; hoy es columnista habitual de El Mundo, diario que orquestó con él aquel procedimiento, y que hoy se afana tanto en las informaciones sobre el caso Alierta. »La primera noticia sobre los hechos ahora encausados fue publicada por dicho diario poco después de que su director fracasara en el intento de adquirir Onda Cero al grupo Telefónica. Unedisa, editora de dicho periódico, estableció unas estrechas relaciones con Telefónica durante la etapa de Juan Villalonga, el último presidente nombrado por Aznar antes de la total privatización de la compañía y, paradójicamente, víctima posterior del mismo periódico, que provocó su caída por el caso de las stock options. Y a la llegada de Alierta a la presidencia, Unedisa ha venido utilizando la información sobre el caso de Tabacalera como instrumento de presión y de venganza contra su antiguo socio.» (El País, 03/07/2004.) Bernabé. Gabinete de Prensa.